(SU ORGANIZACIN)
Autores: Mara Paula Dip y Ana Bacci Giunta
Por ley 23054 se aprueba la Convencin Americana sobre los Derechos Humanos
llamada Pacto de San Jos de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
En su artculo 2 se reconoce la competencia de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y la de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretacin o aplicacin de esta Convencin bajo condicin de reciprocidad.
Los Estados americanos que adhieren a ella reafirman as su propsito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democrticas, un rgimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre, ya que stos no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
por lo que justifican una proteccin internacional, complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados americanos.
La segunda parte del Pacto trata sobre los medios de proteccin de dichos derechos y el captulo IV sobre los rganos competentes.
Dice el artculo 33 que "son competentes para conocer de los asuntos relacionados
con el cumplimiento de los compromisos contrados por los Estados partes en esta
a) La Comisin Interamericana de Derechos Humanos - que cumple roles consultivos ya que evaca los dictmenes que le requieren los Estados miembros y tambin
funciones de control, puesto que formula recomendaciones a los gobiernos de los Estados para el respeto a lo derechos Humanos. Pero tambin realiza funciones instructorias, comprendidas en los artculos 48-51, que analizaremos ms adelante.
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Organizacin de la Corte:
El captulo VIII del Pacto de San Jos de Costa Rica trata sobre la organizacin de
El artculo 52 establece que la Corte se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organizacin que son elegidos a ttulo personal entre juristas de
la ms alta autoridad moral y de reconocida competencia en materia de derechos humanos que renan las condiciones requeridas para el ejercicio de las ms elevadas
funciones judiciales, conforme a la ley del pas del cual sean nacionales o del Estado
que los ponga como candidatos. No debe haber 2 jueces de la misma nacionalidad.
Segn el artculo 53, se eligen en votacin secreta y por mayora absoluta de votos
de los Estados partes en la Asamblea General elegidos en base a una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados, los que pueden proponer, cada uno, hasta 3 (nacionales o de otro Estado de la OEA).
Cuando se proponga una terna, al menos uno no deber ser nacional del Estado
Sern elegidos para un perodo de 6 aos y slo podrn ser reelegidos 1 vez. Tres
de los jueces designados en la primera eleccin durarn 3 aos en su mandato -se
eligen por sorteo. (art. 54)
El artculo 55 establece que el juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la corte conservar su derecho a conocer en el mismo. Otro
estado parte en el caso podr designar una persona de su eleccin para que integre la
Corte en calidad de juez ad hoc para que ambas partes estn en iguales condiciones.
Si entre los jueces llamados a conocer en el caso no hubiere ninguno de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno podr designar un juez ad hoc. El juez ad hoc
debe reunir iguales cualidades que las requeridas para ser miembros de la corte.
El qurum es de 5 jueces (art. 56).
La Comisin comparecer en todos los casos frente a la corte (art.57).
Segn el art. 58 la Corte tendr su cede en el lugar que determinen los Estados en
la Asamblea General, pero podr celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la OEA, previa autorizacin del Estado respectivo. La Corte designar
a su secretario quien tendr bajo su direccin a la Secretara de la Corte (art.59).
La Corte preparar su estatuto y lo someter a la aprobacin de la Asamblea General, tambin har su reglamento (art.60).
Competencia y funciones de la Corte:
(Art.61) "Slo los Estados partes y la comisin tienen derecho a someter un caso a
la decisin de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los arts. 48-50 de esta Convencin".
El art. 48 seala el proceder de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos
al recibir una peticin o comunicacin en la que se alegue la violacin de cualquiera de
los derechos que consagra esta Convencin:
a) Si reconoce la admisibilidad de la peticin solicitar informaciones al gobierno
del Estado al cual pertenezca la autoridad sealada como responsable de la
violacin alegada. Estas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo
razonable, fijado por la Comisin segn cada caso.
b) Recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificar si subsisten los motivos de la peticin. De no existir o subsistir
mandar archivar el expediente.
c) Podr tambin declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la peticin sobre la base de una informacin o prueba sobrevinientes.
d) Si el expediente no se ha archivado, la Comisin examinar el asunto planteado
y los Estados interesados le proporcionarn todas las facilidades necesarias;
tambin recibir, si as se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que
presenten los interesados.
e) Se pondr a disposicin de las partes interesadas a fin de llegar a una solucin
amistosa del asunto.
Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una intervencin
previo consentimiento del estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido
la violacin, tan solo con la presentacin de una peticin que rena los requisitos formales de admisibilidad.
El art. 49 dispone que si se ha llegado a una solucin amistosa se redactar un informe (para el peticionario, los Estados partes de la Convencin y para el secretario
general de la OEA).
Segn el art. 50, de no llegarse a una solucin, la Comisin redactar un informe
que ser remitido a los Estados interesados que no podrn publicarlo. Si el informe no
representa la opinin unnime de los miembros de la Comisin, cualquiera de ellos
podr agregar al informe su opinin por separado.
Al transmitir el informe, la Comisin puede formular las proposiciones y recomendaciones que crea adecuadas.
El art. 51 estipula que si en 3 meses a partir de dados los informes a los Estados interesados, el asunto no ha sido solucionado ni sometido a la decisin de la Corte por
la Comisin o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisin podr
emitir, por mayora absoluta de votos, su opinin y conclusiones sobre la cuestin sometida a su consideracin.
Hechas las recomendaciones, fijar un plazo dentro del cual el Estado debe tomar
las medidas para remediar la situacin.
Transcurrido ese plazo, la Comisin de4cidir si el Estado ha tomado o no las medidas adecuadas.
(Art. 62) Todo Estado parte puede en el momento de adherir a esta Convencin o
posteriormente, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convencin especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a esta
La declaracin puede ser hecha incondicionalmente o bajo condicin de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos especficos. Cabe aqu aclarar que al ratificar la Repblica Argentina la convencin americana de Derechos Humanos, llamada
Pacto de San Jos de Costa Rica, acat la jurisdiccin internacional de la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo condicin de reciprocidad, conforme lo estableci la
ley 23054, aprobatoria de la Convencin.
La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretacin y aplicacin de las disposiciones de esta Convencin que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso reconozcan dicha competencia.
El art. 63 dispone que cuando decida que hubo violacin a un derecho o libertad
protegidos en esta Convencin, la Corte dispondr que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados. Si fuera procedente, dispondr que se
reparen las consecuencias de la medida que ha configurado la vulneracin de esos
derechos y el pago de una justa indemnizacin a la parte lesionada.
En casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daos
irreparables a las personas, la Corte podr tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, e incluso podr actuar a solicitud de la Comisin en asuntos que an
no estn sometidos a su conocimiento.
Segn el artculo 64 los Estados miembros de la organizacin podrn consultar a la
Corte acerca de la interpretacin de esta Convencin o incluso de otros tratados concernientes a la proteccin de los derechos humanos en los Estados americanos.
La Corte, a solicitud de un Estado miembro, podr darle opiniones acerca de la
compatibilidad entre sus leyes internas y los instrumentos internacionales.
El art. 65 dispone que la Corte someter a la consideracin de la Asamblea General
de la Organizacin en cada perodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en
el ao anterior y sealar tambin los casos en que un Estado no haya cumplido sus
(Art.66) El fallo de la Corte ser motivado. Si el fallo no expresare la opinin unnime de los jueces, cualquiera de ellos tendr derecho a que se agregue al fallo su opinin disidente o individual.
(Art. 67) El fallo ser definitivo e inapelable. Si no se interpretase de igual modo,
puede la parte pedir aclaratoria, siempre que la solicite dentro de los 90 das de la notificacin del fallo.
(Art. 68) Los Estados partes en la Convencin se comprometen a cumplir la decisin de la Corte en todo caso en que sean parte.
La parte del fallo que disponga indemnizacin compensatoria se podr ejecutar en
el respectivo pas por el procedimiento interno vigente para la ejecucin de sentencias
(Art. 69) El fallo de la Corte ser notificado a las partes en el caso y transmitido a
los Estados partes en la Convencin.
Se ha generado un gran debate en doctrina acerca de si la jurisdiccin internacional
de la Corte Interamericana implica o no una violacin a la "cosa juzgada" interna.
Dice Sags que, teniendo en cuenta que la decisin de la Corte Interamericana
puede dejar sin efecto la resolucin de una autoridad argentina (incluso una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin) si la reputa violatoria a los derechos
humanos consagrados en el Pacto, nuestra corte Suprema ha dejado, en verdad, de
ser "suprema" porque sus decisiones, en la materia que enfocamos, no resultan ltimas e irrevisables, es decir que, en definitiva, no tienen fuerza de cosa juzgada material.
De todos modos, se impone una mutua concordancia entre las autoridades nacionales y las supranacionales.
Esa adecuacin de nuestros tribunales a la exgesis de la corte Interamericana de
Derechos Humanos apunta en "Ekmekdjian c/Sofovich" (LL,1992-C-543), se afirma
despus en "Giroldi" (LL, 1995-D-461), y es otra hiptesis de interpretacin armonizante. En "Bramajo" (LL, 1996-E-409), la Corte Suprema argentina dijo que "la opinin de
la Comisin Interamericana de Derechos Humanos debe servir de gua para la interpretacin de los preceptos convencionales" del Pacto de San Jos de Costa Rica; pero
conviene advertir que las conclusiones de tal Comisin no tienen el mismo valor jurdico que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que incluso
esta ltima puede decidir un caso en oposicin a lo sostenido por la Comisin.
En "Acosta y otros s/hbeas corpus", (22/12/98), la mayora de la Corte Suprema
aclar en parte su directriz anterior de "Bramajo", al indicar que si bien el Estado argentino debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuestas favorables a las recomendaciones de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, "ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar cumplimiento a su contenido, al
no tratarse aquellas de decisiones vinculantes para el Poder Judicial".
Por ltimo, dice Sags, debe subrayarse que es posible que una comunidad nacional entienda como aceptable lo que un rgano transnacional repute incorrecto y
viceversa. Temas como el derecho de rplica, muchos aspectos del aborto, el transexualismo, drogas, etc., pueden ejemplificar algunos de esos enfrentamientos. Jurdicamente, en principio, las autoridades locales debern someterse a las resoluciones
de los organismos supranacionales; pero tambin stos deben respetar, en la medida
de lo posible, un cierto margen nacional en el entendimiento de la extensin y contenido de los derechos personales.
Muy distinta es la postura de Bidart Campos, quien sostiene que la jurisdiccin internacional de la Corte Interamericana no implica violacin a la "cosa juzgada" interna,
ya que el juzgamiento internacional no implica una instancia de apelacin revisora de
la previa sentencia argentina.
Se trata de un proceso internacional que es independiente del tramitado ante el tribunal argentino, o sea, de un "nuevo juicio" distinto del anterior finiquitado en sede
Pero el juzgamiento internacional no implica un nuevo juicio sobre la "misma materia" juzgada en sede interna. En primer lugar, lo que la Corte Interamericana decide
con fuerza de cosa juzgada versa sobre la interpretacin y aplicacin de la Convencin, en orden a establecer si el Estado parte ha violado o no un derecho o libertad
contenido en la misma convencin. En segundo lugar, la Corte cuando verifica y falla
que ha sido violado el pacto, no toma en consideracin los mismos argumentos ni la
misma "materia" que han juzgado previamente los tribunales argentinos.
Por ende, tampoco afecta la cosa juzgada de la sentencia argentina que, en ltima
instancia, hay que obtener -como principio- para luego poder acudir a la jurisdiccin
supraestatal.
La situacin ms delicada se configura, sin duda, si en un proceso judicial ante tribunales argentinos se dicta una sentencia que, en aplicacin de la Convencin, resuelve que no se ha violado el derecho o libertad presuntamente agraviados y, posteriormente la Corte Interamericana decidiera que Argentina ha violado dicho derecho o
libertad. Esta oposicin no significa bice alguno. La sentencia que eventualmente
puede dictar la Corte Interamericana afirmando que Argentina viol un derecho reconocido en el Pacto de San Jos de costa Rica, no se ocupa ni preocupa por saber si,
internamente, esa misma violacin ha implicado o no una inconstitucionalidad, porque
dicha Corte no confronta las normas del pacto con las de nuestro derecho interno.
Esta comprensin de la doble jurisdiccin (una interna y otra internacional, segn
Bidart Campos, nos lleva a sostener que ni la Corte Suprema de Justicia ha dejado
de ser "suprema" (y la ltima instancia en nuestra jurisdiccin interna) ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal que revisa (o eventualmente revoca)
sentencias argentinas.
En consecuencia habra que afirmar que:
a) Contra las sentencias de la Corte Interamericana no procede en jurisdiccin argentina ningn recurso, ni siquiera el extraordinario ante la Corte Suprema de la
b) La eventual discrepancia entre una sentencia de tribunal argentino y la posterior
de la Corte Interamericana no tiene ninguna instancia ante la cual plantearse.
c) La sentencia de la Corte Interamericana hace obligatorio su cumplimiento en jurisdiccin argentina.
Otro tema que plantea Bidart Campos es si la jurisdiccin internacional de la Corte
Interamericana configura o no "prrroga" de la jurisdiccin interna argentina.
Conforme al artculo 116 de nuestra constitucin, hay jurisdiccin federal improrrogable de nuestros tribunales en "todas" las causas que versan sobre puntos regidos
por los tratados. Ello plantea duda acerca de si el acatamiento prestado por nuestro
Estado a la jurisdiccin internacional de la Corte Interamericana configura un supuesto
de "prrroga" inconstitucional de la jurisdiccin argentina.
Segn dicho autor, en el caso no se produce prrroga alguna de la jurisdiccin argentina. En efecto:
a) La prrroga supone que en vez de ser juzgado un caso por tribunales argentinos lo es por tribunales extranjeros; en el supuesto que analizamos hay que
1- La Corte Interamericana es un tribunal internacional (supraestatal) y no un tribunal de un estado extranjero;
2- Adems, no se sustituye el juzgamiento por los tribunales argentinos, ya que
para el acceso a la Corte Interamericana, previa intervencin de la Comisin,
los particulares denunciantes de violaciones al Pacto de San Jos de Costa Rica deben agotar, como principio, las instancias internas ante los tribunales ar-
gentinos (las pocas excepciones a este principio no llegan a desvirtuar esta
b) A la poca de dictarse nuestra constitucin no se conocan tribunales "internacionales", de forma que nuestra interpretacin sobre la inconstitucionalidad de la
prrroga de la jurisdiccin argentina en causas federales por razn de "materia"
(regidas por tratados) slo puede referirse a la prrroga a favor de tribunales
"extranjeros", o sea, de otro Estado, y nunca de tribunales internacionales como
es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
c) Eventualmente ello se refuerza al tomar en cuenta que ahora el Pacto de San
Jos de Costa Rica tiene jerarqua constitucional por la reforma de 1994, y que
en las "condiciones de su vigencia" a que se refiere el artculo 75 inc. 22 de la
constitucin ha de darse por incluido -para Argentina- el acatamiento a la jurisdiccin supraestatal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
fundamentos constitucionales de la competencia del
VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ MANUEL E
PER INFORME NACIONAL DE IMPLEMENTACIN Y MONITOREO DE LOS MANDATOS DEL... ACCIN DE QUEBEC
la libertad de expresion a nivel internacional
Voto JGarca Ramrez - Corte Interamericana de Derechos Humanos
Nota de Remision a la Corte
Historia * Declaracin Universal * Historia de los Derechos Humanos * Tratados Internacionales * Jefferson * Rousseau